Hace tiempo se me ocurrió la idea de la posibilidad de denunciar a gobiernos y/o partidos políticos por incumplimiento de contrato, falsas promesas, etc (aplicar aquí cualquier tecnicismo legal válido) para evitar que en épocas de elecciones aparezcan todas las promesas y una vez conseguidos los votos, si te he visto no me acuerdo. El hecho de denunciar el incumplimiento seria una vez el partido político ha terminado su periodo de gobierno, no durante el mismo, por lo que sólo se podría denunciar a anteriores gobiernos, el problema fue cuando se lo planteé a un amigo que es abogado y me contó lo siguiente (cito textualmente)
"Para empezar, me encanta la idea. Aunque tiene muchas dificultades (por lo menos, en el sistema legal español).
Técnicamente, es posible poner eso en marcha. Si yo te prometo que mañana te daré un coche (y tú aceptas la oferta), esa promesa se convierte en un contrato plenamente vinculante para mí. El problema que tendrías tú, en todo caso, es probar que yo te hice esa promesa (las palabras se las lleva el viento) y que lo decía en serio (no era una broma o algo así).
¿Es un contrato lo que prometen los políticos? Como tantas cosas en Derecho, la respuesta puede ser sí o no. Así en frío, se me ocurren los siguientes argumentos para cada postura:
- A favor: Esas promesas forman parte de un programa político que lo que busca es conseguir tu voto. Si las promesas son falsas, se ha conseguido tu voto (y una importante posición de poder) con engaños. Podría incluso bordear el delito.
- En contra: La política interior y exterior del Estado está fuera del comercio, por lo tanto no se puede hacer contratos al respecto. Lo que significa que las promesas electorales no tienen ninguna validez legal. Es como alguien que te prometiera que si sale elegido presidente te regalará Nueva York. Como NY no es suya, no puede disponer de ella, así que su promesa no importa.
En cualquier caso, no se trataría de publicidad engañosa ya que no hablamos de "publicidad" en sentido estricto. Creo que la línea de ataque debería ir más por el tema contractual. Pero el inconveniente que te he planteado (la política, en teoría, está fuera del comercio) es muy grave.
El 99% de los jueces usaría este argumento para tumbar cualquier iniciativa al respecto. ¡Y ojo! La no admisión a trámite de la demanda, o que te quiten la razón en una fase procesal posterior, puede suponer la condena en costas por interponer una demanda temeraria. Y eso puede ser mucho dinero, sobre todo si se ha interpuesto contra miembros del Gobierno actual o anteriores Gobiernos (en realidad, TENDRÍAS que interponerla contra Gobiernos actuales o pasados, porque si no, no han incumplido nada).
Luego está el tema formalista de que los miembros del Gobierno son personas aforadas, lo que significa que determinadas acciones legales no les pueden ser interpuestas.
En general, la idea tiene demasiadas dificultades técnicas. Un abogado que supiera hilar muy pero que muy fino podría poner en marcha el tema. Pero casi seguro que lo tumbarían antes de empezar: Os inadmitirían a trámite la demanda.
Con lo del partido político pasa exactamente lo mismo: Como no pueden disponer de la política estatal (porque no es suya), no pueden prometer nada al respecto porque el tema está legalmente fuera del comercio (otra cosa es que sea inmoral o de hipócritas que falten a sus promesas)."
Lástima, pero la idea no es mala, o si?
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